En desahucio hay que acreditar la titularidad de la finca

Cuando no se puede ejecutar el desalojo

Soy propietario de una pequeña vivienda unifamiliar situada en un municipio de la costa del Tirreno y en una zona protegida por una restricción paisajística, que amplié de 35 m² a 49 m² solicitando al ayuntamiento en 2005 una licencia de obras. No he tenido noticias desde entonces y me gustaría saber si puedo considerar que la prórroga es condonada como consecuencia del procedimiento de silencio-consentimiento. Mientras tanto, el ICI en ese momento y ahora el IMU, se han determinado, a iniciativa del municipio, con referencia a la superficie real, incluso si no se condonan.

Soy administrador no profesional de la comunidad de propietarios donde tengo una vivienda alquilada, y me gustaría saber, en cuanto a los créditos de formación para administradores de comunidades de propietarios, si dichos créditos deben obtenerse cada año. Además, me gustaría saber si, dado que mi inquilino también tiene que pagar las contribuciones relativas a los servicios del condominio, puedo cobrar una sola cantidad entre la cuota y las contribuciones y luego, al final del ejercicio, dividirlas e ingresar las contribuciones en la cuenta del condominio.

Notificación de desalojo

Sin embargo, al final de la guerra (pero también parcialmente antes), debido a las gravísimas necesidades sociales, ligadas a la destrucción de gran parte del parque de viviendas existente y al empobrecimiento de las familias, se había impuesto la llamada “legislación de cautividad”, que de hecho había llevado a una congelación total de los desahucios y de los alquileres, lo que dio lugar a una diferencia inaceptable entre los alquileres de mercado (completamente libres y posibles para los nuevos contratos) y los llamados alquileres antiguos, con consecuencias muy graves tanto para los propietarios (que en este último caso, no podían desahuciar a los inquilinos, que disfrutaban de un alquiler muy bajo, que con frecuencia tenían un nivel de ingresos muy bajo, como para los llamados alquileres antiguos) como para los propios inquilinos. Esto provocó una diferencia inaceptable entre los alquileres de mercado (completamente libres y posibles para los nuevos contratos y los llamados antiguos), con consecuencias muy graves tanto para los propietarios (que, en este último caso, no podían desahuciar a los inquilinos, ya que disfrutaban de una renta muy baja, que a menudo no era suficiente para pagar los impuestos y los gastos de condominio relacionados con la propiedad alquilada) como para los inquilinos (agobiados por una renta difícilmente sostenible, en una situación en la que había una oferta muy limitada de viviendas alquiladas, provocada por el bloqueo de los desahucios).

La jurisprudencia siempre ha afirmado al respecto que para establecer si una habitación a la que se refiere dicha norma es común, “es necesario averiguar si, con anterioridad a la constitución del condominio (resultante de la enajenación de los pisos individuales por parte del propietario original del edificio), existía, de forma expresa o de hecho, una afectación del inmueble al servicio común o si éste le fue arrebatado” (Cass.    14 de junio de 2017, nº 14796: en este caso, el Tribunal consideró que la venta simultánea de la portería y de los pisos individuales implicaba la sustracción de su uso previsto para el servicio común).

Desalojo ejecutivo

¿Qué ocurre si, una vez emitida la orden, el inquilino moroso no paga la deuda y no desaloja el piso? El propietario le entrega, a través de un abogado, una orden de ejecución en la que ordena al inquilino desalojar la vivienda en una fecha determinada (no menos de 10 días desde la recepción de la orden).

En el caso de los arrendamientos para uso residencial, la ley estipula que un mes de impago es suficiente para solicitar el desalojo, pero el impago debe prolongarse al menos 20 días. En otras palabras, los procedimientos de desahucio sólo se activan a partir del vigésimo primer día después del día en que se debía pagar.

Los trámites son bastante rápidos, pero la ley prevé sanciones si el propietario, transcurrido un año desde que recuperó la posesión del inmueble, no lo utiliza para el motivo por el que lo había solicitado.

El Decreto Milleproroghe confirmó la congelación de los desahucios hasta el 30 de junio de 2021, pero sólo en caso de impago de las rentas en las fechas previstas y tras la adopción del decreto de transmisión de los inmuebles embargados habitados por el deudor y sus familiares.

Desahucio por exceso de alquiler

Para los Acuerdos Territoriales y las tablas de referencia para el cálculo de los alquileres en la provincia de Módena, consulte los sitios web institucionales de los municipios y de las asociaciones firmantes: ASPPI, SICET, SUNIA, UNIAT.

El alojamiento debe estar en condiciones razonables, sin defectos estructurales evidentes, equipado con un sistema de calefacción regulable, utilizable y habitable sin problemas particulares. En la fecha de la firma del contrato de alquiler, el alojamiento debe estar provisto de las certificaciones exigidas por la ley:

Varios ayuntamientos que participan en la iniciativa Affitto Casa Garantito han dispuesto la disminución de los impuestos locales sobre la vivienda, y en particular el IMU. Cada municipio decide de forma autónoma, año tras año, los tipos: generalmente en mayo-junio para el mismo impuesto/ejercicio.

Para todos los contratos estipulados en base a Acuerdos Territoriales, llamados “a canone concordato”, se aplica una reducción del 25% sobre el IMU (párrafo 53 Ley 431 de 9/12/2015). Esta reducción también se aplica a la IMU reducida calculada para los contratos en ACG.