Como saber las cargas de una finca
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El pago debe realizarse en los dos meses siguientes a la solicitud. Antes de realizar el pago, el arrendatario tendrá derecho a obtener una indicación concreta de los gastos, incluidos los criterios de asignación. El inquilino también tendrá derecho a inspeccionar los documentos justificativos de los gastos realizados.
Todo esto sigue siendo válido en ausencia de otros acuerdos específicos entre el inquilino y el propietario, que, por supuesto, pueden regular de manera diferente en el contrato de arrendamiento el reparto de los gastos del condominio entre ellos.
Si el inmueble alquilado forma parte de una comunidad de propietarios, los criterios de reparto de los gastos vistos hasta ahora al inquilino se aplican exclusivamente en el marco de la relación contractual interna entre el propietario y el inquilino.
También en este caso, las disposiciones vistas hasta ahora son de carácter general, pero las dos partes -arrendatario y arrendador- pueden regular de forma diferente el reparto de las cargas accesorias entre ellas, mediante la introducción de cláusulas contractuales especiales.
Derechos y regalías (99)
En el caso de que no haya un acuerdo diferente en el contrato de arrendamiento sobre el reparto de los gastos del condominio, la ley de alquileres justos estipula que el inquilino es responsable de los gastos de gestión y consumo ordinarios, y el propietario del mantenimiento extraordinario.
Por último, hay que tener en cuenta que el pago de los gastos de condominio que el inquilino debe al propietario prescribe en un plazo de dos años desde el momento de la reclamación.
Según la ley, el propietario de una vivienda alquilada tiene que pagar los gastos extraordinarios, que se refieren a las intervenciones que se realizan en el inmueble de forma puntual, como la renovación del tejado o la fachada.
Encuesta catastral de la Agencia Tributaria con código fiscal
No obstante, se considera que algunas disposiciones del Código Civil, como el artículo 1609 del Código Civil sobre el tema de las “reparaciones menores a cargo del arrendatario”, pero también los artículos 1575 y 1576, siguen en vigor.
De hecho, antes de la derogación del artículo 79 por la Ley de Arrendamientos de Viviendas, se consideraban nulos todos los contratos que obligaban al inquilino a pagar gastos accesorios por encima de la cantidad estipulada, o en todo caso a tanto alzado.
De hecho, establecer una cantidad mensual fija en concepto de gastos accesorios podría permitir al arrendador obtener un beneficio por la diferencia si el coste real de los servicios resulta ser inferior.
El incumplimiento de la obligación de pago de dichas cargas no se produce si el requerimiento de pago por parte del arrendador no se realiza de forma concreta y puntual, y en todo caso no antes de dos meses desde la recepción del requerimiento.
El legislador pretendía definir de forma analítica los criterios de asignación de los cánones de arrendamiento accesorios, sustituyendo las disposiciones parciales de la legislación anterior por una regulación completa.
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Por ejemplo, cuando se modifica el volumen del organismo del edificio, cuando las elevaciones o los contornos del edificio sufren un cambio, o cuando hay un cambio en el uso previsto del edificio.
Se calcula en función del coste de la construcción subvencionada y varía según el tipo de edificio y la magnitud de la intervención (aumento de la superficie y otras características específicas).
El ayuntamiento las actualiza cada tres o cinco años y se dividen en cargas de urbanización primaria (carreteras, aparcamientos, alumbrado público y zonas verdes, redes de electricidad, agua y gas, etc.) y cargas de urbanización secundaria (escuelas, centros sociales, equipamientos públicos, instalaciones deportivas, etc.).
Los asentamientos residenciales, comerciales y turísticos están sujetos a las cargas de urbanización primaria y secundaria, mientras que los asentamientos industriales, artesanales y agrícolas sólo están sujetos a la urbanización primaria.
