Como vendo mi finca rustica si me robaron la escritura
Usucapión de bienes muebles
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Per Capozzi – Obligaciones bilaterales: la tesis seguida por la doctrina moderna (Giampiccolo – Scozzafava) y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (18.12.1990, nº 11980) que afirma que en el contrato de comodato surgen obligaciones tanto para el comodante como para el comodatario.
La doctrina dominante ha afirmado que, aunque el contrato sea ad intuitu personae, la legitimidad de otorgar algo como comodato también corresponde al comodatario (el llamado sub – comodato), si éste ha sido autorizado, aunque sea tácitamente, por el comodante.
Al producirse la condición y el vencimiento del plazo, de hecho, el contrato de comodato no podría producir automáticamente sus efectos, ya que aún falta uno de los elementos de perfección del caso: la entrega.
La obligación de conservar incluye expresamente la obligación de pagar los gastos ordinarios necesarios para la conservación del bien.Art. 1808 c.c. los gastos por el uso de la cosa y los gastos extraordinarios el comodatario no tiene derecho al reembolso de los gastos realizados por el uso de la cosa.
Usucapión de la casa
El decreto Sblocca Italia de 2014 introdujo una serie de simplificaciones que modificaron parcialmente las normas sobre el cambio de uso. De hecho, el decreto insertó el nuevo artículo 23 – ter en el Texto Refundido de la Ley de Construcción (Decreto Presidencial 380/2001), al que hay que remitirse ahora.
El decreto introduce el concepto de cambio de uso urbanísticamente relevante. Esta expresión indica el cambio que determina el paso de una a otra de estas cinco macrocategorías funcionales:
Impedir el cambio de uso en los centros históricos significa prácticamente dejarlos al abandono, ya que son precisamente estas intervenciones las que dan nueva vida a los edificios antiguos. Basta pensar en la conversión de edificios históricos en hoteles.
Pero, ¿qué se entiende por carga urbana? Un edificio de viviendas convertido en despacho profesional presupone un mayor tráfico de personas y, por tanto, un aumento de los servicios necesarios.
El cambio de uso, aunque se lleve a cabo sin obras, conlleva la obligación de pagar al ayuntamiento la contribución de construcción sólo en la parte relativa a las cargas de urbanización.
Artículo 1158 del Código Civil
Con la supresión del artículo 365 del anteproyecto, el artículo 2651 del Código Civil establece lo siguiente: “Deberán transcribirse las sentencias por las que se extinga alguno de los derechos indicados en los números 1, 2, 3 y 4 del artículo 2643 por prescripción o se adquiera por usucapión o de otra forma no susceptible de transcripción”.
De conformidad con el artículo 1 de la ley nº 36 de 1994, todas las aguas superficiales y subterráneas son públicas y, como tales, son propiedad del Estado en virtud del apartado 1 del artículo 822 del Código Civil italiano. Por tanto, son, por su naturaleza, no susceptibles de usucapión, sin que sea relevante el hecho de que la usucapión haya llegado a su vencimiento antes de la entrada en vigor de la citada ley, dado que el derecho de acción (en este caso, el derecho del usucapiente a la confirmación judicial de la adquisición originaria) requiere que la legislación contemple en abstracto la pretensión sustancial que se pretende hacer valer, mientras que tal prefiguración abstracta debe excluirse con referencia a la usucapión de bienes del Estado. (Cassa con rinvio, TRIBUNAL DE APELACIÓN DE GINEBRA, 02/01/2015).
Usucapión de los terrenos vecinos
El valor catastral se determina multiplicando la anualidad catastral por los siguientes coeficientes:115,5 para la primera vivienda;126 para los edificios pertenecientes a los grupos catastrales A, B, C (excluyendo las categorías A/10 y C/1);66 para los edificios de las categorías A/10 (oficinas y despachos privados) y D;42,84 para los edificios de las categorías C/1 (comercios y tiendas) y E.
Todos los contribuyentes sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Irpef), sean o no residentes en el territorio del Estado, tienen derecho a la deducción por gastos de rehabilitación.La desgravación se aplica no sólo a los propietarios de los inmuebles, sino también a los titulares de derechos reales/personales de disfrute sobre los inmuebles objeto de las intervenciones y que realicen los correspondientes gastos:
