Administradores de fincas asturias cuanto cobran

Ivie al pagar

Como se ha señalado anteriormente, los deberes del administrador también incluyen la cura personae. En confirmación de esta tesis, se hace referencia en la doctrina a una serie de índices normativos, que describirían con precisión a un administrador destinado a satisfacer los intereses del beneficiario, incluidos los no patrimoniales. Pensemos en el artículo 404 del Código Civil, que hace referencia a un concepto amplio de “intereses” del beneficiario, de manera que ciertamente incluye la cura personae. Piénsese también en el art. 405 del Código Civil, que permite al juez de tutela adoptar medidas urgentes “para el cuidado de la persona” afectada por la administración de alimentos. Piénsese en el art. 408 del código civil, que, en lo que respecta a la elección del administrador de la pensión alimenticia, establece que debe hacerse teniendo en cuenta exclusivamente “el cuidado y los intereses” del beneficiario. Por último, piénsese en el artículo 44 de la parte dispositiva del Código Civil, modificado en virtud del artículo 12 de la Ley nº 6/2004, que establece que el juez de tutela puede dar al administrador “instrucciones relativas a los intereses morales” del beneficiario de la administración de la ayuda, aludiendo indirectamente al cura personae (149).

Ivie suiza

En aplicación de la facultad delegada, el Banco de Italia publicó el esquema de las “Disposiciones sobre los grupos bancarios cooperativos”, poniéndolo a consulta hasta el 13 de septiembre de 2016, para que se formulen observaciones, comentarios y propuestas.

Las cajas de crédito cooperativas (rectius: cajas rurales y artesanales) nacieron en Europa a finales del siglo XIX, como una nueva forma de crédito basada en el modelo desarrollado en Alemania por Federico Guillermo Raiffeisen, fundado en el localismo y en motivaciones éticas de inspiración cristiana.

– El d.l. hace posible la realización de estos objetivos. Al prever estructuras de grupo que permiten superar las limitaciones del modelo cooperativo, va en la dirección correcta. Compartimos su filosofía subyacente y sus principales contenidos.

– En junio de 2015, había 14 bancos de crédito cooperativos con fondos propios superiores a 200 millones, lo que representa aproximadamente el 21% de los activos de la categoría. Hay 28 bancos de crédito cooperativos con activos netos de entre 100 y 200 millones y que representan el 18% de los activos;

El impuesto del Ivie es inconstitucional

A la vista de lo anterior, hay que reiterar que la norma del artículo 2501-bis del Código Civil italiano, texto nuevo, no es el instrumento mediante el cual el legislador italiano convierte en lícita una operación que, de otro modo, no lo sería, porque infringiría el artículo 2358 del Código Civil italiano. [Nota 82] En cambio, la norma facilita las posibles iniciativas de autodefensa de las víctimas de abusos y fraudes, poniendo en sus manos dos instrumentos, la “información” y la “transparencia”, para defender sus intereses [Nota 83].

La regulación del artículo 2501-bis del Código Civil y la del conflicto de intereses vienen así a coordinarse, no sólo en el sentido de que una no excluye a la otra, sino también en el sentido de que ambas se orientan hacia una valoración pragmática de las consecuencias de las operaciones societarias. Las informaciones previstas en el artículo 2501-bis (informaciones que, si se examinan detenidamente, parecen capaces de absorber en su seno las obligaciones de divulgación y motivación contempladas en los dos primeros párrafos del artículo 2391 del Código Civil italiano, si es que alguna vez se consideraron aplicables) adquieren entonces también el significado particular de una herramienta para facilitar el ejercicio consciente de los instrumentos de protección de los acreedores (oposición) y de los accionistas (acción de anulación), posiblemente también a través de la impugnación por parte de los administradores individuales o de la junta de auditores legales (de conformidad con el artículo 2391 del Código Civil italiano) de la resolución del órgano administrativo que aprueba el proyecto de fusión.

Fiscalidad de la propiedad en el extranjero

Cuatro años después de la entrada en vigor de la Ley nº 6 de 2004, parece que ha llegado el momento del proyecto de supresión de la interdicción y la incapacitación, invocado y anunciado a diversos niveles desde hace años: no hay ninguna razón seria que justifique que se sigan conservando en el código civil los dos antiguos modelos “incapacitantes”.

Además, la opción abolicionista se asocia, en el presente proyecto de ley, a un sistema de definición ulterior del “derecho de los débiles”, del que la llegada de la administración de apoyo representó, hace unos años, un primer sello fundamental.

Lo anterior apunta, pues, a una de las cuestiones básicas para el intérprete, a saber, la búsqueda de una noción (si se quiere, la elaboración de normas antropológico-funcionales) capaz de orientar en la identificación específica de los “sujetos débiles”.

Por lo tanto, hay que destacar un punto. Lo que se tomará en consideración aquí no será, exclusivamente, lo intrínsecamente frágil y desfavorecido, tal vez lo “diferente” y lo infeliz de sabor lombrosiano: individuos en condición de malestar como resultado de patologías clínicas, verdaderas y propias, o por los problemas físicos o psíquicos que los aquejan.