Jurisprudencia compra de finca que no incluye maquinaria
Compra de tierras agrícolas a un particular
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La desgravación establece que “las escrituras de transmisión a título oneroso de terrenos y anejos, calificados como agrarios de acuerdo con los instrumentos urbanísticos vigentes, realizadas a favor de cultivadores directos y empresarios profesionales agrarios, dados de alta en la correspondiente gerencia de la Seguridad Social y de la Seguridad Social, así como las operaciones de compraventa de terrenos realizadas a través del Instituto de Servicios para el Mercado Agroalimentario (ISMEA) están sujetas a los impuestos de matriculación e hipoteca al tipo fijo y al impuesto catastral al tipo del 1 por ciento.
Bajo el perfil subjetivo, es primordial la circunstancia de que el comprador sea un cultivador directo o un agricultor profesional, dado de alta en la correspondiente gestión de seguridad y previsión social, que se encuentra en el INPS.
La Agencia Tributaria Italiana, con la Resolución nº 77/E, de 8 de noviembre de 2013, dio una interesante respuesta a raíz de una solicitud de interpelación, reconociendo la facilitación también en el caso de la adquisición del terreno mediante usucapión.
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Por otro lado, la tesis de la calificación urbanística se basó en la consideración de que con el Decreto Ley nº 223 de 2006, convertido en Ley nº. 248/2006, el legislador tributario dio una definición unitaria a efectos fiscales del suelo edificable como aquel que puede destinarse a la edificación sobre la base del instrumento de planeamiento urbanístico general adoptado por el municipio, con independencia de la aprobación de la Región y de la adopción de instrumentos de desarrollo del mismo, y que el concepto fiscal de suelo apto para la edificación no parece compatible y superponible con el concepto fiscal de suelo agrícola, de modo que aquellos para los que los instrumentos de planeamiento urbanístico, aunque sólo sea de forma adoptada, prevén el uso edificatorio, aunque de hecho fueran susceptibles de explotación agrícola, deben considerarse excluidos del régimen fiscal dictado para el suelo agrícola.
La distinción entre la transmisión de una explotación o rama de una explotación y una finca rústica y sus accesorios debe hacerse caso por caso (véase, para los requisitos mínimos para que haya transmisión de una empresa y no de bienes individuales, S. CARTA, “Rassegna di giurisprudenza sui profili fiscali della cessione di azienda”, en Riv. not., 1997, 3).
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TRIBUNAL DE ANCONASentencia n. 666/2022 del 23-05-2022R.G. Nº 3874/2021 REPÚBLICA ITALIANA EN NOMBRE DEL PUEBLO POPULAR ITALIANO EL TRIBUNAL ORDINARIO DE ANCONA ### El Tribunal Ordinario de Ancona, ### especializado en agricultura, en la persona del ###Magistrado: Dr. ###ssa ### ### ### ha dictado la siguiente SENTENCIA en el asunto R.G. No. 3874/2021, entre ### y ### ambos con domicilio electivo en ### en ### ###, en el despacho del Abogado ### que los representa y defiende en la presente acción según el poder que consta en el expediente -demandante- y ### y ### ambos con domicilio electivo en ### en ### ###, en el despacho del Abogado ### que los representa y defiende en la presente acción según el poder que consta en el expediente. – Demandada – CONCLUSIONES: según los escritos de clausura autorizados.
Adquiridos los documentos aportados por las partes, celebrada la vista del expediente, desestimadas las averiguaciones previas formuladas en las actas por ser sustancialmente superfluas a efectos de la decisión, dado el carácter puramente documental del litigio, los autos pasan a la vista del 20.05.2022 para su resolución.
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Recordando el conocido artículo 1376 del Código Civil sobre los contratos con efectos reales, el efecto transmisible de la venta se subordina al pago del último plazo, sobre la base de un acuerdo a tal efecto.
El mismo artículo establece que son nulas las cláusulas que estipulan la pérdida del beneficio del plazo de los plazos posteriores por parte del comprador, siempre que el plazo no supere la octava parte del precio. Siguen siendo aplicables las normas generales sobre la caducidad del plazo establecidas en el artículo 1186 del Código Civil.
En particular, la normativa bancaria interviene como garante de la igualdad de poder de negociación entre las partes implicadas en la transacción. De hecho, el Texto Refundido de la Ley de Ordenación Bancaria contiene una serie de normas destinadas a proteger al consumidor contra las prácticas desleales del prestamista. Este último, al dividir la relación entre el consumidor y el vendedor, podría intentar eludir las normas establecidas en los artículos 1525 y 1526 del código civil.
