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En primer lugar, hay que tener en cuenta que cuando se pretende comprar una casa de campo técnicamente registrada como edificio rural, hay que comprar también el terreno circundante. Normalmente estos edificios son uno con el terreno, constituyen una extensión del mismo y difícilmente tendría sentido comprar sólo la casa.

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Estos edificios se benefician de un régimen fiscal favorable, siempre que se cumplan todos los requisitos establecidos por la ley (artículo 9 del Decreto-Ley nº 557 de 30 de diciembre de 1993, convertido por la Ley nº 133 de 26 de febrero de 1994, y modificado por el artículo 42-bis del Decreto-Ley nº 159 de 1 de octubre de 2007, convertido con modificaciones por la Ley nº 222 de 29 de noviembre de 2007).

(i) la manipulación, transformación, conservación, valorización o comercialización de productos agrícolas, incluso si son realizadas por cooperativas y sus consorcios a los que se refiere el apartado 2 del artículo 1 del Decreto Legislativo nº 228 de 18 de mayo de 2001;

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El progreso tecnológico permite hoy en día obtener productos agrícolas con métodos que prescinden por completo de la explotación de la tierra y de sus productos: pensemos, por poner otro ejemplo, en el cultivo artificial o “en cueva” de setas y hortalizas que se realiza en el interior, colocando las esporas o semillas en soluciones nutritivas químicas, con la ayuda de equipos que crean condiciones favorables para un rápido desarrollo.

En aplicación de la mencionada encomienda, el 18 de mayo de 2001 se promulgaron tres decretos legislativos, numerados respectivamente 226, 227 y 228, relativos a la orientación y modernización del sector pesquero y acuícola, del sector forestal y del sector agrícola.

Por otro lado, si no se respeta el principio de prevalencia, hay que distinguir entre los casos en que el producto final obtenido y comercializado es un producto agrícola, o en todo caso uno de los contemplados en el Decreto, o es un producto diferente.

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Por otro lado, el argumento de la calificación urbanística se basaba en la consideración de que con el Decreto Ley nº 223 de 2006, convertido en Ley nº 248/2006, el legislador tributario dio una definición unitaria a efectos fiscales del suelo edificable como aquel que puede destinarse a la edificación sobre la base del instrumento de planeamiento urbanístico general adoptado por el municipio, con independencia de la aprobación de la Región y de la adopción de instrumentos de desarrollo del mismo, y que el concepto fiscal de suelo apto para la edificación no parece compatible y superponible con el concepto fiscal de suelo agrícola, de modo que aquellos para los que los instrumentos de planeamiento urbanístico, aunque sólo sea de forma adoptada, prevén el uso edificatorio, aunque de hecho fueran susceptibles de explotación agrícola, deben considerarse excluidos del régimen fiscal dictado para el suelo agrícola.

La distinción entre la transmisión de una explotación o rama de una explotación y una finca rústica con sus pertenencias debe hacerse caso por caso (véase, para los requisitos mínimos para que haya transmisión de una empresa y no de bienes individuales, S. CARTA, “Rassegna di giurisprudenza sui profili fiscali della cessione di azienda”, en Riv. not., 1997, 3).